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Trump tiene como objetivo detener conteo de inmigrantes ilegales en el rediseño de los mapas de votación de los EE.UU

El presidente Donald Trump tiene previsto firmar el martes un decreto que tiene por objeto evitar que los migrantes que se encuentran ilegalmente en los Estados Unidos sean contados cuando los distritos electorales del Congreso de los EE.UU. sean redefinidos en la próxima ronda de redistribución de distritos.

Expertos y abogados del censo de los Estados Unidos dicen que la acción sería jurídicamente dudosa, y que probablemente beneficiaría al Partido Republicano de Trump al eliminar la población de migrantes en los Estados Unidos, en su mayoría no blancos, de manera ilegal.

La redefinición de distritos se produce tanto a nivel estatal para trazar mapas para las legislaturas de las cámaras estatales como a nivel federal para trazar mapas para los distritos del Congreso de los Estados Unidos. Estos últimos se conocen como asignación de distritos del Congreso.

Los partidarios de los distritos electorales sólo para ciudadanos argumentan que cada voto debe tener el mismo peso. Si un distrito tiene muchos menos votantes elegibles que otro, dicen, cada voto allí tiene más influencia en los resultados de las elecciones.

Los demócratas y los activistas de los derechos de los inmigrantes dicen que incluir a los no votantes asegura que los líderes elegidos representen a todos los que dependen de los servicios públicos como las escuelas y la recolección de basura, independientemente de la elegibilidad de los votantes.

Trump planea firmar la orden a las 12:15 p.m. ET (1615 GMT) en la Oficina Oval.

Un alto funcionario de la administración dijo que se esperaba que Trump argumentara que la eliminación de los inmigrantes ilegales de los mapas de reparto del Congreso es necesaria para asegurar que sólo los residentes legales de EE.UU. tengan voz en la política federal.

“La Orden Ejecutiva del Presidente Trump sobre la exclusión de los inmigrantes ilegales de la base de reparto es otro paso decisivo hacia el cumplimiento de su solemne promesa de asegurar que sólo los ciudadanos estadounidenses tengan representación en el Congreso, no los extranjeros ilegales”, dijo un funcionario a Reuters, hablando con condición de anonimato.

Pero la medida conlleva importantes cuestiones legales, y probablemente provocará un litigio.

Los distritos electorales sólo para ciudadanos se consideran potencialmente legales para los distritos electorales a nivel estatal, pero la Constitución de EE.UU. dice explícitamente que la distribución del Congreso debe basarse en el “número total de personas” en cada estado. Múltiples leyes federales han reforzado esa lectura, y la Corte Suprema de los Estados Unidos ha confirmado esa interpretación.

“Todo esto hace que la posición de Trump sea indignante”, dijo Joshua Geltzer, experto en derecho constitucional y profesor de Derecho de Georgetown, y añadió que es casi seguro que la medida se enfrente a un litigio.

Otra pregunta es cómo la administración Trump adquiriría datos sobre los inmigrantes indocumentados. El Censo de los Estados Unidos del 2020 no pregunta a los encuestados si son ciudadanos, legales o no.

En teoría, los funcionarios podrían determinar los datos de ciudadanía a través de registros administrativos como las bases de datos de licencias de conducir, junto con las estimaciones de ciudadanía recogidas en otras encuestas de la Oficina del Censo. Pero esos datos son incompletos, y los demógrafos y los grupos de defensa de la inmigración han argumentado que no son fiables.

El recuento del censo del gobierno ayuda a determinar dónde se gasta el dinero de los contribuyentes para construir instalaciones públicas como escuelas, hospitales y departamentos de bomberos, así como a calcular la distribución de los estados en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. La Constitución de los Estados Unidos ordena que los Estados Unidos cuenten su población cada 10 años.

La orden ejecutiva planeada por Trump podría resultar popular entre la base de apoyo del presidente mientras trata de generar entusiasmo por su reelección en noviembre.

Trump ha pasado gran parte de su presidencia tratando de limitar el número de migrantes que entran ilegalmente en los Estados Unidos, en particular de América Central, y su orden ejecutiva era otra parte de su programa de inmigración.

Durante mucho tiempo ha sido una estrategia de la administración Trump utilizar el censo para identificar y limitar el poder político de los inmigrantes indocumentados. Pero los esfuerzos se han enfrentado a obstáculos.

En 2018, la administración dijo que preguntaría a los encuestados del censo de 2020 si eran ciudadanos, una medida que finalmente fue rechazada por la Corte Suprema.

Tras la derrota, Trump emitió una orden ejecutiva en julio de 2019 con el objetivo de determinar el estado de ciudadanía a través de un tesoro de registros administrativos. La orden, en la que se pedía a los estados que entregaran esos datos a la Oficina del Censo de los Estados Unidos, todavía se enfrenta a litigios de defensores de la inmigración, entre ellos el Fondo Mexicano-Americano de Defensa Legal y Educación.

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